El debate sobre las características del actual modelo económico está abierto. En esta oportunidad defenderé la idea de que el mismo difiere diametralmente de la lógica del modelo neoliberal, y que categorizarlo como neoliberal a partir de la política macroeconómica de corto plazo que viene implementando el Gobierno, es un mayúsculo error.
La esencia del actual modelo es la mayor y creciente presencia del Estado en la economía, lo que en buen romance significa que el Estado es quien lidera la conducción del rumbo de la economía, a través del manejo de empresas estatales en sectores estratégicos: YPFB en el energético, Vinto-Huanuni en el minero, ENTEL, BOA y ENDE en el de servicios públicos, y EMAPA en el rubro de producción de alimentos.
El Estado se convierte en productor y deja atrás el viejo papel de gendarme, del laissez-faire (dejad hacer, en francés) otorgado por el Consenso de Washington, de manera que ya no es el sector privado el que lleva las riendas de la economía, tampoco la “economía de mercado” (que los mercados organizan la vida de la sociedad), sustituyéndose por otro esquema, en el que el Estado toma la posta productiva en actividades destinadas a crear valor para posteriormente redistribuirlas a la sociedad con un sentido de equidad.
El Estado, al margen de crear nuevas empresas estatales, empieza a recuperar total o parcialmente empresas que fueron privatizadas; vuelve a tener el control de empresas que en el pasado fueron alguna vez suyas y que se vendieron a privados; la reversión de la política de privatización de la década de los 90, es otra de las características sustanciales del actual modelo, que va en contraflecha del modelo neoliberal, que fue la venta de empresas estatales al sector privado internacional. Si algo distinguió a los gobiernos que simpatizaron con el neoliberalismo fue su propensión a traspasar la propiedad de sus empresas a manos privadas, en especial transnacionales; en el caso boliviano cuando muchas de ellas eran rentables y funcionaban adecuadamente, como YPFB, ENTEL o el LAB.
Otro elemento del actual modelo económico es la gradual sustitución del esquema regulatorio sectorial por uno totalmente centralizado, que coordina la implementación de políticas sectoriales emanadas del “Poder Ejecutivo”, además de poner un mayor énfasis en el control de sectores que tenían una débil regulación o que estaban desregulados. La desregulación fue la máxima premisa del esquema neoliberal implementado en América Latina y Europa del Este en los 80 y 90, mediante los famosos paquetes de reforma estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
La creación de una banca estatal de desarrollo, con crédito productivo tanto para micro y pequeño empresarios, como para medianos y grandes, es otra diferencia sustancial del actual modelo; llena un vacío dejado por la banca privada en sectores en que la misma no tiene incentivos para prestar o exige garantías que estrangulan a los prestatarios por un excesivo sobreaseguramiento.
En las reformas de primera generación, específicamente en la aplicación del decrero 21060, se optó por liquidar a todo banco de carácter estatal y se apostó por un sistema financiero netamente privado, que dinamice el crédito, especialmente productivo. El resultado fue que al final se terminó privilegiando el microcrédito en el sector de comercio, relegando al crédito productivo; es cuando el Estado interviene, equilibrando las oportunidades para los productores, que requieren aumentar el flujo de inversión y expandir su capacidad productiva.
Hoy el Estado, a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), canaliza crédito productivo en sectores estratégicos como el de alimentos, joyería y cuero; más del 70% de la cartera del BDP es destinado al sector de producción de alimentos con la generación de más de 500 mil empleos. También se diseñó y puso en práctica un esquema de garantía para productores agropecuarios, que funciona con bastante éxito. El adverso panorama de rechazo a la solicitud de crédito que vivieron varios productores agrícolas hoy está superado a través de un Fondo de Garantía del BDP y del Fondo PROPYME del Banco Unión, permitiendo que productores agrícolas, entre otros, puedan beneficiarse de este mecanismo y así ser sujetos de crédito productivo.
El actual modelo económico privilegia una política de inversión estatal para dinamizar la demanda interna. una inversión pública que sobrepasa los 3.000 millones de USD ya es uno de sus rasgos distintivos. Recordemos que gran parte del peso del ajuste fiscal del año 1985 (gobierno de Víctor Paz Estensoro) recayó en una severa disminución de la inversión, lo que se intentó revertir con una fallida política de privatización a favor del sector privado nacional (en el gobierno de Jaime Paz) y, finalmente, se optó por un esquema de privatización a favor de empresas extranjeras denominado “capitalización” (primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada). En todo ese periodo el Estado descuidó la inversión pública a favor de cifrar su fe en la inversión privada internacional; el resultado de la capitalización fue un enorme boom de inversiones privadas entre 1995 y 1998 para luego declinar de manera severa, generando una dramática insuficiencia de inversión, necesaria en el país para seguir creciendo.
Queda claro que es la mayor penetración del Estado como productor, empresario, inversionista, banquero y redistribuidor de la riqueza lo que identifica el actual modelo económico, y no su manejo macroeconómico.
Lograr que una economía tenga buenos fundamentos macroeconómicos no es una prueba de que el modelo es neoliberal; o, si optamos por una prueba lógica de reducción al absurdo, y afirmamos que las autoridades económicas entre 1985 y 2005, por los abultados y consecutivos déficit fiscales, crónicos problemas de balanza de pagos y alto desempleo y por no poder lograr un manejo macroeconómico satisfactorio, eran antineoliberales, llegamos a una afirmación incoherente y absurda, pues todos sabemos que el cariz de quienes tenían la conducción macroeconómica de ese entonces era de estirpe neoliberal.
Enlace : http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/abc-actual-modelo-economico_0_1541245919.html
La esencia del actual modelo es la mayor y creciente presencia del Estado en la economía, lo que en buen romance significa que el Estado es quien lidera la conducción del rumbo de la economía, a través del manejo de empresas estatales en sectores estratégicos: YPFB en el energético, Vinto-Huanuni en el minero, ENTEL, BOA y ENDE en el de servicios públicos, y EMAPA en el rubro de producción de alimentos.
El Estado se convierte en productor y deja atrás el viejo papel de gendarme, del laissez-faire (dejad hacer, en francés) otorgado por el Consenso de Washington, de manera que ya no es el sector privado el que lleva las riendas de la economía, tampoco la “economía de mercado” (que los mercados organizan la vida de la sociedad), sustituyéndose por otro esquema, en el que el Estado toma la posta productiva en actividades destinadas a crear valor para posteriormente redistribuirlas a la sociedad con un sentido de equidad.
El Estado, al margen de crear nuevas empresas estatales, empieza a recuperar total o parcialmente empresas que fueron privatizadas; vuelve a tener el control de empresas que en el pasado fueron alguna vez suyas y que se vendieron a privados; la reversión de la política de privatización de la década de los 90, es otra de las características sustanciales del actual modelo, que va en contraflecha del modelo neoliberal, que fue la venta de empresas estatales al sector privado internacional. Si algo distinguió a los gobiernos que simpatizaron con el neoliberalismo fue su propensión a traspasar la propiedad de sus empresas a manos privadas, en especial transnacionales; en el caso boliviano cuando muchas de ellas eran rentables y funcionaban adecuadamente, como YPFB, ENTEL o el LAB.
Otro elemento del actual modelo económico es la gradual sustitución del esquema regulatorio sectorial por uno totalmente centralizado, que coordina la implementación de políticas sectoriales emanadas del “Poder Ejecutivo”, además de poner un mayor énfasis en el control de sectores que tenían una débil regulación o que estaban desregulados. La desregulación fue la máxima premisa del esquema neoliberal implementado en América Latina y Europa del Este en los 80 y 90, mediante los famosos paquetes de reforma estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
La creación de una banca estatal de desarrollo, con crédito productivo tanto para micro y pequeño empresarios, como para medianos y grandes, es otra diferencia sustancial del actual modelo; llena un vacío dejado por la banca privada en sectores en que la misma no tiene incentivos para prestar o exige garantías que estrangulan a los prestatarios por un excesivo sobreaseguramiento.
En las reformas de primera generación, específicamente en la aplicación del decrero 21060, se optó por liquidar a todo banco de carácter estatal y se apostó por un sistema financiero netamente privado, que dinamice el crédito, especialmente productivo. El resultado fue que al final se terminó privilegiando el microcrédito en el sector de comercio, relegando al crédito productivo; es cuando el Estado interviene, equilibrando las oportunidades para los productores, que requieren aumentar el flujo de inversión y expandir su capacidad productiva.
Hoy el Estado, a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), canaliza crédito productivo en sectores estratégicos como el de alimentos, joyería y cuero; más del 70% de la cartera del BDP es destinado al sector de producción de alimentos con la generación de más de 500 mil empleos. También se diseñó y puso en práctica un esquema de garantía para productores agropecuarios, que funciona con bastante éxito. El adverso panorama de rechazo a la solicitud de crédito que vivieron varios productores agrícolas hoy está superado a través de un Fondo de Garantía del BDP y del Fondo PROPYME del Banco Unión, permitiendo que productores agrícolas, entre otros, puedan beneficiarse de este mecanismo y así ser sujetos de crédito productivo.
El actual modelo económico privilegia una política de inversión estatal para dinamizar la demanda interna. una inversión pública que sobrepasa los 3.000 millones de USD ya es uno de sus rasgos distintivos. Recordemos que gran parte del peso del ajuste fiscal del año 1985 (gobierno de Víctor Paz Estensoro) recayó en una severa disminución de la inversión, lo que se intentó revertir con una fallida política de privatización a favor del sector privado nacional (en el gobierno de Jaime Paz) y, finalmente, se optó por un esquema de privatización a favor de empresas extranjeras denominado “capitalización” (primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada). En todo ese periodo el Estado descuidó la inversión pública a favor de cifrar su fe en la inversión privada internacional; el resultado de la capitalización fue un enorme boom de inversiones privadas entre 1995 y 1998 para luego declinar de manera severa, generando una dramática insuficiencia de inversión, necesaria en el país para seguir creciendo.
Queda claro que es la mayor penetración del Estado como productor, empresario, inversionista, banquero y redistribuidor de la riqueza lo que identifica el actual modelo económico, y no su manejo macroeconómico.
Lograr que una economía tenga buenos fundamentos macroeconómicos no es una prueba de que el modelo es neoliberal; o, si optamos por una prueba lógica de reducción al absurdo, y afirmamos que las autoridades económicas entre 1985 y 2005, por los abultados y consecutivos déficit fiscales, crónicos problemas de balanza de pagos y alto desempleo y por no poder lograr un manejo macroeconómico satisfactorio, eran antineoliberales, llegamos a una afirmación incoherente y absurda, pues todos sabemos que el cariz de quienes tenían la conducción macroeconómica de ese entonces era de estirpe neoliberal.
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