Este congreso está considerado como el "parlamento planetario" en este ámbito y marcará la agenda medioambiental de los próximos años.
Los países latinoamericanos serán una de las principales víctimas del cambio climático, a pesar de que estos Estados sólo emiten el 6% de los gases de efecto invernadero causantes del fenómeno, cerca de 77 millones de personas de estos territorios tendrán problemas para acceder al agua en el año 2020.
Ésta es tan solo una de las conclusiones del informe elaborado por el Banco Mundial y presentado por la vicepresidenta de esta entidad para América Latina y el Caribe, Pamela Cox, en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza, en el que ha alertado de que el cambio climático tendrá consecuencias "devastadoras" no solo para el medio ambiente y la economía de estos países, sino también para la salud de cientos de millones de personas.
LA VULNERABILIDAD DE LAS ZONAS RURALES
Cox ha destacado la "vulnerabilidad" sobre todo de las zonas rurales (las más pobres y dependientes de la agricultura) y de las costas (ante el crecimiento del mar), y ha hecho especial hincapié en el problema derivado de la escasez de agua, ya que el aumento de las temperaturas provocará el deshielo de los glaciares andinos (que podrían desaparecer en una década), de los que dependen numerosas comunidades y ciudades.
La representante del Banco Mundial ha puesto como ejemplo el riesgo que corre el abastecimiento de grandes capitales como Bogotá o Quito (ciudad esta última que se estima debería destinar 100 millones de dólares para garantizar en breve su suministro).
La falta de agua potable y el aumento de las temperaturas supondrán además una extensión de determinadas enfermedades de tipo tropical, como la malaria, el paludismo (que tan solo en Colombia ha pasado en dos décadas de 400 a 100 mil casos) o el dengue (en México, Brasil, Perú y Ecuador), y otras patologías infecciosas.
A todo ello, se suma el incremento de las catástrofes naturales: mayor intensidad de los grandes huracanes -como el Katrina-, cuya frecuencia aumentará (por cada grado de aumento de la temperatura se incrementarán en un 26%), provocando pérdidas multimillonarias -difícilmente asumibles por países en desarrollo-, sin contar además con el coste en víctimas humanas que suelen conllevar.
Además, si continúa creciendo el nivel del mar, algunas ciudades ribereñas comenzarán a tener graves problemas, como la colombiana de Cartagena.
“LO CRUEL Y LO IRÓNICO” ENTRE UNOS PAÍSES Y OTROS.
La vicepresidenta ha apuntado "lo cruel e irónico" que resulta que aquellos que no tienen casi ninguna responsabilidad en generar el problema sean al mismo tiempo los más vulnerables y los que menos recursos tienen para adaptarse.
En este sentido, la alta producción de estos países de energía hidroeléctrica se verá repercutida por la falta de agua, y deberán destinar grandes inversiones a otro tipo de producción, una renovación que además se produciría en un momento de crisis económica, que dificulta cualquier financiación local o internacional.
El informe destaca la repercusión que el aumento de las temperaturas y de los cambios de climatología pueden tener en biodiversidad de la región (donde se encuentran cinco de los diez países con mayor variedad de fauna y flora del planeta, especialmente en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes).
También la "agonía" de los bosques tropicales (que podría disminuir hasta un 80% si las temperaturas suben entre 2 y 3 grados), la disminución de los arrecifes de coral en el Caribe, o la desaparición -antes del 2050- de hasta el 25% de las especies de mamíferos de México.
Igualmente, el cambio climático tendrá un efecto directo en la economía agrícola de Latinoamérica, uno de los graneros del mundo, que verá cómo se reduce la superficie utilizable por determinados cultivos, con una pérdida de la producción (hasta el 80% en México) y, por consiguiente, de empleo.
Cox ha explicado que junto el Banco Mundial se están desarrollando políticas para combatir el calentamiento global por medio de una apuesta por la energía hidroeléctrica y el transporte sostenible, así como por la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, o la desalinización por medio de energía eólica.
LA POSTURA CRÍTICA DE REPRESENTANTES INDÍGENAS Y ECOLOGISTAS
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Por su parte, la alianza de pueblos indígenas del Amazonas y de países africanos y asiáticos alertó de que los planes para combatir el cambio climático de los Estados "ricos", por medio de la protección del bosque tropical, con el comercio de las emisiones, les excluye y no respeta los derechos sobre sus tierras.
Amazon Alliance y Forest Peoples Programme, dos entidades que aglutinan a líderes de comunidades forestales de cinco países del Amazonas, la República Democrática del Congo e Indonesia, pidieron en el Congreso Mundial de la Naturaleza un papel más destacado a la hora de fijar las condiciones de este mecanismo de control del cambio climático, propuesto por los Estados desarrollados.
Los líderes indígenas consideraron que el instrumento para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación "socava" sus derechos de propiedad sobre la tierra.
Denunciaron que los más de mil millones de pobres que dependen de estos recursos se enfrentan "a un desastre económico y cultural" si el esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no respeta sus derechos.
Durante el congreso, los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su mayoría gobiernos y organizaciones ecologistas, votarán diversas mociones de apoyo a la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y las comunidades forestales para que desempeñen un papel decisivo en la negociación de cualquier iniciativa que afecte "a sus vidas y a sus posibilidades económicas".
Algunas previsiones apuntan a que en 2030 el planeta necesitará un mínimo de 515 millones de hectáreas más para atender las demandas de la agricultura, los biocombustibles y los productos madereros, una cifra que duplica la cantidad de terreno disponible.
Aunque los líderes indígenas aplauden el compromiso de los Estados para mitigar el cambio climático, tienen sus reservas ante la forma sobre cómo se están llevando a cabo las negociaciones.
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