Daños al medio ambiente serían delitos en Bolivia

El referendo del próximo 25 de enero para votar la nueva constitución en Bolivia incluye un capítulo ambiental que propone que los delitos ambientales no caduquen y que se considere como traición a la patria la venta de los activos nacionales como los hidrocarburos en condiciones lesivas para el país.
Los expertos ambientalistas ven que en materia ambiental el proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE) representa un gran avance respecto a la Carta Magna vigente y a las anteriores. También se complementa con la ley ambiental, aunque habrá que modificarla si la población aprueba el texto que irá a referéndum el 25 de enero.
Sin embargo, los analistas económicos observan que sería difícil aplicarla y que desincentiva las inversiones, en especial en hidrocarburos y minería.
La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), integrada por 27 organizaciones, destaca la imprescriptibilidad de los delitos ambientales y la inclusión del delito de "traición a la patria" en el caso de los recursos hidrocarburíferos.
"En la actualidad, y a nivel mundial, los recursos hidrocarburíferos son estratégicos. En este sentido, por el prejuicio socioeconómico que su enajenación podría ocasionar a la nación, ésta debe ser considerada como un acto de traición a la patria", dijo a Terra Magazine, Jenny Gruenberger, directora ejecutiva de Lidema.
La coordinadora nacional de Incidencia Legislativa de Lidema, Ivana Lira, añade que "éste es un aspecto positivo" del proyecto, pues en el país se han tomado decisiones y firmado contratos hidrocarburíferos y mineros "totalmente lesivos a los intereses del Estado".
Control social
Gruenberger hace énfasis también en el control social que incorpora el proyecto sobre la gestión ambiental y los recursos naturales. "Es indispensable, porque se trata de bienes colectivos que deben ser defendidos socialmente".
Empero, la viabilidad de esta disposición, dice, "dependerá de los mecanismos que establezca la ley" que deberá elaborarse si la población aprueba el proyecto de nueva Carta Magna en el referéndum del 25 de enero.
Para Ivana Lira, el mecanismo más adecuado sería la creación de "defensores ambientales para fiscalizar, monitorear y denunciar". Esto implicaría "establecer la obligatoriedad del gobierno" para asignarles recursos.
Mayores recursos y mayores problemas
La explotación de los recursos mineros y de hidrocarburos está señalada de causar los mayores daños al medio ambiente en Bolivia. No obstante, son las que más recursos le generan al país, con el 76,8 por ciento de las exportaciones de Bolivia: 3.883 millones de dólares entre enero y septiembre de 2008. De ese total, el 44,25% corresponde a gas natural. En conjunto responden por el 13,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el otro lado de la moneda está el impacto ambiental. Los departamentos de Potosí y Oruro son los más afectados por la minería, en especial sus ríos que ya durante siglos han recibido los tóxicos que descargan esa explotación de recursos como la plata.
La explotación de hidrocarburos ha incidido especialmente en el Chaco boliviano, aunque también se han registrado derrames en zonas por donde pasan los ductos que transportan los líquidos.
La ley 1333 de Medio Ambiente, de 1992, aún es calificada como una de las más completas en la región. Sin embargo, su aplicación tropezó con la falta de reglamentos y de personal competente, y la ausencia de voluntad política. En la mayoría de los casos la responsabilidad se ha diluido por falta de aplicación de las normas
Las amenazas al medio ambiente
El temor de Lidema es que la actividad petrolera dañe las áreas protegidas, debido a la intención gubernamental de impulsar la exploración en el norte del departamento de La Paz, donde se encuentran el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas y Apolobamba.
Igualmente, le preocupa el impacto del megaproyecto minero del Mutún sobre el Pantanal, uno de los humedales de Bolivia reconocidos y protegidos por el Convenio Ramsar. En su criterio, el Código Minero tampoco regula adecuadamente a la pequeña minería, que es otra amenaza para el medio ambiente.
Pero hay otras actividades que están ocasionando daños, entre ellas la ganadería y la agricultura intensiva con monocultivos que vienen de la mano de la deforestación; esto, además, está incidiendo en la seguridad alimentaria, señala Lidema. Los megaproyectos para la construcción de represas en la Amazonia y carreteras son otras amenazas.
Un tribunal con dos responsabilidades
Por eso, la Directora de Lidema considera que el Tribunal Agroambiental incorporado en el proyecto constitucional era "absolutamente" necesario para solucionar los conflictos ambientales y sancionar los delitos. Lira indica que sólo así se podrá sentar precedente en los delitos ambientales que, en su mayoría, se encuentran impunes hasta la fecha.
Gruenberger hubiese preferido que sea sólo un tribunal ambiental para no sectorializar la temática. Además, en el país ya existía un Tribunal Agrario, pero no funcionó; ahora, con más responsabilidades y funciones, no cree que mejore su "operatividad y funcionalidad".
En criterio de Lira, el Tribunal Agroambiental debería contar con dos salas: una para aplicar el régimen agrario y otra para el ordenamiento jurídico ambiental. No se debe "perder de vista que ambos regímenes se complementan y relacionan, pero son distintos"; además, no existen abogados especialistas en agroambiente, pero sí en derecho ambiental y en derecho agrario.
Las objeciones
En general, Lidema está conforme con la propuesta de nueva CPE ya que incluyeron al menos el 90% de sus planteamientos. Sin embargo, al igual que otros sectores, cree que la negociación política entre oficialistas y opositores flexibilizó el proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente.
Por ejemplo, el proyecto original "prohibía la producción, importación y comercialización de transgénicos"; en cambio el texto que irá al referéndum dice que esas actividades serán reguladas por Ley, "lo cual nos parece peligroso porque abre las puertas a la inversión privada, en detrimento del ambiente y posiblemente de la salud, sostiene Lira.
También se ha suprimido la riqueza natural como "patrimonio cultural del pueblo boliviano, inalienable, inembargable e imprescriptible".
Lejos de la realidad de la industria
En el ámbito de la economía, los expertos Carlos Miranda, en hidrocarburos, y Dionisio Garzón, en minería, coinciden en que la propuesta del nuevo texto constitucional para ambos sectores será de difícil aplicación.
En el documento Aspectos económicos del proyecto de nueva Constitución, de la Fundación Milenio, Miranda lamenta que el proyecto esté "alejado de la realidad de la industria petrolera" y que en lugar de estímulos se perciban trabas.
Para Miranda el Estado se convierte en propietario de los ingresos por la venta de hidrocarburos, lo que dejará a la estatal petrolera como dependiente para la asignación de recursos.
La refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue una de las primeras medidas del gobierno de Evo Morales, en mayo de 2006, con lo que revirtió el proceso de privatización consolidado diez años antes.
Sin embargo, su gran dificultad ha sido la falta de recursos tanto económicos, como humanos. Por ello, el gobierno le ha asignado el equivalente a unos 143 millones de dólares en el presupuesto 2009 para que pueda explorar, explotar, comercializar, refinar, industrializar y transportar.
Miranda observa también la necesidad de establecer el régimen jurídico para aplicar la condena por "traición a la patria", delito incluido para el caso de contratos que vulneren la facultad exclusiva del Estado de comercializar los hidrocarburos.
En tercer lugar, indica que "sin necesidad de que esté explicitado, se hace evidente la intención de que el capital privado no pueda intervenir en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, salvo en calidad de proveedor de servicios a ser remunerados en dinero".
Garzón, por su parte, encuentra que el proyecto de nueva Carta Magna le pone "candados" de control y de consulta ciudadana a la actividad minera. Si bien son principios encomiables, dice, podrían no ser funcionales a un "proceso de desarrollo de un sector productivo", si no se los implementa de forma adecuada.
Este punto es el que mayor preocupación genera entre los mineros del sector privado, pues consideran que desincentivará las inversiones. A esto se suma el incremento de la carga tributaria y los límites al registro en las bolsas de valores, señala Garzón.
Quien también fuera ministro de Minas y Metalurgia, señala que en la propuesta constitucional "dejan la responsabilidad de la delicada maquinaria del desarrollo de recursos naturales al escaso margen de acción de la burocracia estatal".