La Paz, (ANF, Redacción central).- Mientras los gobiernos de la región latinoamericana han hecho avances significativos entre 2007 y el presente año para consolidar la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), como plataforma para la conformación de un bloque económico y comercial regional, sectores empresariales afincados en esos países, la mayoría financiados por capitales provenientes de los bloques norteamericanos, europeos y asiáticos, han empezado a desplegar una intensa campaña para debilitar los esfuerzos integracionistas regionales.
En el caso boliviano, con argumentos como que el país se está aislando del resto del mundo al insistir en una negociación en bloque entre la CAN y la UE, además de tensionar las relaciones con Estados Unidos, expulsando a su embajador, con la consiguiente suspensión del ATPDEA, los dirigentes de las patronales bolivianas han lanzado una contraofensiva orientada a desprestigiar los esfuerzos del gobierno por buscar mejores condiciones de negociación vía Unasur, Mercosur o la CAN, esta última seriamente debilitada por la diferencia de enfoques y orientaciones ideológicas entre los presidentes de Perú y Colombia (regímenes neoliberales aliados a Estados Unidos y que promueven la vigencia de Tratados de Libre Comercio bilateralmente negociados) y los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, inspirados en las propuestas bolivarianas de la Patria Grande latinoamericana.
Así, en la mirada tradicional de los representantes de la CAINCO, IBCE y la Confederación empresarial boliviana, "los productos no tradicionales de Bolivia están enfrentando el mayor embate de su historia. El efecto ATPDEA se extendería como dominó al comercio exterior con la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con lo cual, el país no sólo dejará de percibir millonarios ingresos sino que se perderán miles de fuentes de empleo.
Según estos dirigentes, si al principio se peleó por entrar a esos grandes mercados como Estados Unidos y la Unión Europa, ahora la lucha es por poder mantener las protecciones de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de las Drogas (ATPDEA), el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la UE y evitar que el mercado regional de la CAN se cierre. Mientras tanto el gobierno sigue combatiendo a los socios comerciales del país.
Así coinciden las distintas instituciones que agrupan a los empresarios del país y especialistas en comercio exterior, reiterando los pedidos al jefe de Estado, Evo Morales, para que modifique la actuación del gobierno y garantice la renta nacional que generan las exportaciones y en este particular caso de productos no tradicionales que, además, generan fuentes de trabajo.
"No podemos darnos el lujo de perder mercados que han sido construidos en muchos años con inversión y empleo boliviano", coinciden por separado en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), las Cámaras de Industria y Exportadores nacionales y departamentales.
LOS NÚMEROS HABLAN POR SÍ SOLOS
Los números hablan por sí solos. Inmediatamente después de concluido el proceso de "capitalización" de las empresas estratégicas bolivianas relacionadas al petróleo, gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y transportes, la economía boliviana experimentó un agudo y acelerado proceso de empobrecimiento derivado de la exportación diaria de divisas y riqueza. Cuanto más petróleo, gas, energía o comunicaciones se consumía dentro del país, más empobrecida resultaba su economía doméstica, porque los pagos de esas cuentas beneficiaban a las empresas extranjeras. En un corto lapso de tiempo, las reservas internacionales bajaron de 1.200 millones de dólares a menos de 500 millones de dólares entre 1998 y 2004, período en el que estuvo vigente el modelo capitalizador.
Como consecuencia directa, la empresa privada boliviana y la banca nacional, así como el Tesoro general de la nación, entraron un una pocas veces vista etapa de iliquidez generalizada. El gobierno, que captaba cada vez menor cantidad e impuestos por las reducidas transacciones comerciales, se veía imposibilitada de cumplir sus compromisos de inversión pública y pagos por servicios, lo que, a su vez, afectó a la calidad de la cartera crediticia de los bancos, que en esos períodos registró los más altos niveles de mora, superando el 20% de su cartera total. El gobierno se vio obligado a aprobar perdonazos tributarios y autorizar reprogramaciones de créditos bancarios flexibilizando las normas de modo que no se bajen de categoría los créditos y no se obligue a los bancos a previsionar recursos.
El año 2005, con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos No. 3058 en mayo de ese año, los números empezaron a hablar diferente. La renta petrolera, que sólo reportaba el 18 por ciento para el país, empezó a alimentar el Tesoro público con el 50% del valor de la producción. En mayo de 2006, con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, se pasó al 82% durante casi un año. Paralelamente, la subida de precios del gas a nivel internacional mejoraron cuantitativamente los ingresos fiscales, con lo que el país empezó a contabilizar superávits fiscales alimentados también por las nacionalizaciones de Entel y las ahora "ex capitalizadas" Chaco, Andina, Transredes, CLHB y las refinerías.
Como consecuencia de lo anterior, se reactivó paulatinamente el incipiente y atrasado aparato productivo nacional, de modo que el comercio con la CAN y la UE facturó 703 millones de dólares entre enero y septiembre del 2008. De ese monto, las exportaciones con la CAN sumaron 370 millones y con la UE 333 millones. El mayor porcentaje de las ventas a esos mercados corresponde a manufacturas, es decir productos con valor agregado. Asimismo, como consecuencia de estas nuevas políticas económicas y el contexto económico mundial, las reservas internacionales del país se treparon desde poco más de 1000 millones de dólares el 2005 a casi 8.000 millones de dólares a septiembre de este año, una cifra nunca antes registrada por el Banco Central de Bolivia.
Según los dirigentes patronales, el cierre de los tres mercados generaría al país una pérdida cercana a 900 millones de dólares, tomando en cuenta los datos del 2007. El país podría perder un mercado por 337 millones con la Unión Europea, otro por 398 millones con la Comunidad Andina de Naciones y 155 millones por la suspensión de la Ley ATPDEA, manifiesta el presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub. El gobierno rebate los temores, afirmando que negociaciones con Venezuela, Brasil y otros países permitirán sustituir el mercado norteamericano.
En cuanto a empleos, que es el reflejo inmediato de la privación de un mercado externo, se afectaría cientos de miles tanto directos como indirectos. Sin embargo, de lograrse mecanismos de negociación en bloque, las exportaciones nacionales de estos mismos sectores podrían multiplicarse, más aún si se diversifica la lista de países de destino, conforme lo han anunciado autoridades nacionales.
NO SÓLO DE IDEOLOGÍA
La "ideología, sin dólares, es teoría" y así lo reconoce el gobierno de Venezuela que tiene una prolífica relación de comercio con Estados Unidos, le exporta por valor de 40.000 millones de dólares y le compra por 10.000 millones, recuerda el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Ernesto Antelo.
"Debemos precautelar el empleo de los bolivianos e ir más allá para generar más fuentes de trabajo, pero las medidas asumidas por el Gobierno central están cometiendo errores que repercutirá de forma negativa en todos los bolivianos", remarca el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Eduardo Paz quien, sin embargo, no propuso mecanismos alternativos de negociación.
"Las cuestiones ideológicas no pueden interferir en las relaciones comerciales, hay que negociar con dignidad, pero también con oportunidad y con racionalidad", señala el Presidente de la CEPB al indicar que con la inflexible posición del gobierno "Bolivia corre el riesgo de deambular por el mundo solitariamente".
El SGP con Europa también está en riesgo porque es la concesión unilateral de ese continente a Bolivia, en referencia con la lucha antidroga, señala el especialista en comercio exterior, Julio Alvarado. En cuanto a la CAN, este acuerdo regional está en riesgo porque los otros tres países, Colombia, Ecuador y Perú, están negociando acuerdos bilaterales con la UE. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, desmintió que su país negocie bilateralmente acuerdos con el bloque europeo, en tanto que para los gobernantes bolivianos no es admisible que las relaciones comerciales se basen en concesiones unilaterales que sólo incrementan los grados de dependencia y limitan el desarrollo integral de nuestros países.
¿A QUIEN CONVENCER?
Según ANF, el dirigente empresarial Antelo, afirmó que "si la administración Morales, efectivamente, está tan seguro (de lo que hace) entonces debería convencer a esos (países como Perú y Colombia) para cambiar su posición". Al respecto, en reiteradas ocasiones el presidente Evo Morales propuso que se organice un referéndum regional en todos esos países para que sean sus respectivas poblaciones las que se pronuncien sobre los Tratados de Libre Comercio, propuesta que hasta ahora no ha sido respondida por los respectivos gobiernos. Alan García, presidente del Perú, tiene un rechazo en su propio país de más del 80%, según las últimas encuestas, en tanto que la crisis de las pirámides financieras toleradas por el gobierno de Colombia, amenaza la popularidad de Uribe, firme aliado de Estados Unidos.
En el caso boliviano, con argumentos como que el país se está aislando del resto del mundo al insistir en una negociación en bloque entre la CAN y la UE, además de tensionar las relaciones con Estados Unidos, expulsando a su embajador, con la consiguiente suspensión del ATPDEA, los dirigentes de las patronales bolivianas han lanzado una contraofensiva orientada a desprestigiar los esfuerzos del gobierno por buscar mejores condiciones de negociación vía Unasur, Mercosur o la CAN, esta última seriamente debilitada por la diferencia de enfoques y orientaciones ideológicas entre los presidentes de Perú y Colombia (regímenes neoliberales aliados a Estados Unidos y que promueven la vigencia de Tratados de Libre Comercio bilateralmente negociados) y los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, inspirados en las propuestas bolivarianas de la Patria Grande latinoamericana.
Así, en la mirada tradicional de los representantes de la CAINCO, IBCE y la Confederación empresarial boliviana, "los productos no tradicionales de Bolivia están enfrentando el mayor embate de su historia. El efecto ATPDEA se extendería como dominó al comercio exterior con la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con lo cual, el país no sólo dejará de percibir millonarios ingresos sino que se perderán miles de fuentes de empleo.
Según estos dirigentes, si al principio se peleó por entrar a esos grandes mercados como Estados Unidos y la Unión Europa, ahora la lucha es por poder mantener las protecciones de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de las Drogas (ATPDEA), el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la UE y evitar que el mercado regional de la CAN se cierre. Mientras tanto el gobierno sigue combatiendo a los socios comerciales del país.
Así coinciden las distintas instituciones que agrupan a los empresarios del país y especialistas en comercio exterior, reiterando los pedidos al jefe de Estado, Evo Morales, para que modifique la actuación del gobierno y garantice la renta nacional que generan las exportaciones y en este particular caso de productos no tradicionales que, además, generan fuentes de trabajo.
"No podemos darnos el lujo de perder mercados que han sido construidos en muchos años con inversión y empleo boliviano", coinciden por separado en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), las Cámaras de Industria y Exportadores nacionales y departamentales.
LOS NÚMEROS HABLAN POR SÍ SOLOS
Los números hablan por sí solos. Inmediatamente después de concluido el proceso de "capitalización" de las empresas estratégicas bolivianas relacionadas al petróleo, gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y transportes, la economía boliviana experimentó un agudo y acelerado proceso de empobrecimiento derivado de la exportación diaria de divisas y riqueza. Cuanto más petróleo, gas, energía o comunicaciones se consumía dentro del país, más empobrecida resultaba su economía doméstica, porque los pagos de esas cuentas beneficiaban a las empresas extranjeras. En un corto lapso de tiempo, las reservas internacionales bajaron de 1.200 millones de dólares a menos de 500 millones de dólares entre 1998 y 2004, período en el que estuvo vigente el modelo capitalizador.
Como consecuencia directa, la empresa privada boliviana y la banca nacional, así como el Tesoro general de la nación, entraron un una pocas veces vista etapa de iliquidez generalizada. El gobierno, que captaba cada vez menor cantidad e impuestos por las reducidas transacciones comerciales, se veía imposibilitada de cumplir sus compromisos de inversión pública y pagos por servicios, lo que, a su vez, afectó a la calidad de la cartera crediticia de los bancos, que en esos períodos registró los más altos niveles de mora, superando el 20% de su cartera total. El gobierno se vio obligado a aprobar perdonazos tributarios y autorizar reprogramaciones de créditos bancarios flexibilizando las normas de modo que no se bajen de categoría los créditos y no se obligue a los bancos a previsionar recursos.
El año 2005, con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos No. 3058 en mayo de ese año, los números empezaron a hablar diferente. La renta petrolera, que sólo reportaba el 18 por ciento para el país, empezó a alimentar el Tesoro público con el 50% del valor de la producción. En mayo de 2006, con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, se pasó al 82% durante casi un año. Paralelamente, la subida de precios del gas a nivel internacional mejoraron cuantitativamente los ingresos fiscales, con lo que el país empezó a contabilizar superávits fiscales alimentados también por las nacionalizaciones de Entel y las ahora "ex capitalizadas" Chaco, Andina, Transredes, CLHB y las refinerías.
Como consecuencia de lo anterior, se reactivó paulatinamente el incipiente y atrasado aparato productivo nacional, de modo que el comercio con la CAN y la UE facturó 703 millones de dólares entre enero y septiembre del 2008. De ese monto, las exportaciones con la CAN sumaron 370 millones y con la UE 333 millones. El mayor porcentaje de las ventas a esos mercados corresponde a manufacturas, es decir productos con valor agregado. Asimismo, como consecuencia de estas nuevas políticas económicas y el contexto económico mundial, las reservas internacionales del país se treparon desde poco más de 1000 millones de dólares el 2005 a casi 8.000 millones de dólares a septiembre de este año, una cifra nunca antes registrada por el Banco Central de Bolivia.
Según los dirigentes patronales, el cierre de los tres mercados generaría al país una pérdida cercana a 900 millones de dólares, tomando en cuenta los datos del 2007. El país podría perder un mercado por 337 millones con la Unión Europea, otro por 398 millones con la Comunidad Andina de Naciones y 155 millones por la suspensión de la Ley ATPDEA, manifiesta el presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub. El gobierno rebate los temores, afirmando que negociaciones con Venezuela, Brasil y otros países permitirán sustituir el mercado norteamericano.
En cuanto a empleos, que es el reflejo inmediato de la privación de un mercado externo, se afectaría cientos de miles tanto directos como indirectos. Sin embargo, de lograrse mecanismos de negociación en bloque, las exportaciones nacionales de estos mismos sectores podrían multiplicarse, más aún si se diversifica la lista de países de destino, conforme lo han anunciado autoridades nacionales.
NO SÓLO DE IDEOLOGÍA
La "ideología, sin dólares, es teoría" y así lo reconoce el gobierno de Venezuela que tiene una prolífica relación de comercio con Estados Unidos, le exporta por valor de 40.000 millones de dólares y le compra por 10.000 millones, recuerda el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Ernesto Antelo.
"Debemos precautelar el empleo de los bolivianos e ir más allá para generar más fuentes de trabajo, pero las medidas asumidas por el Gobierno central están cometiendo errores que repercutirá de forma negativa en todos los bolivianos", remarca el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Eduardo Paz quien, sin embargo, no propuso mecanismos alternativos de negociación.
"Las cuestiones ideológicas no pueden interferir en las relaciones comerciales, hay que negociar con dignidad, pero también con oportunidad y con racionalidad", señala el Presidente de la CEPB al indicar que con la inflexible posición del gobierno "Bolivia corre el riesgo de deambular por el mundo solitariamente".
El SGP con Europa también está en riesgo porque es la concesión unilateral de ese continente a Bolivia, en referencia con la lucha antidroga, señala el especialista en comercio exterior, Julio Alvarado. En cuanto a la CAN, este acuerdo regional está en riesgo porque los otros tres países, Colombia, Ecuador y Perú, están negociando acuerdos bilaterales con la UE. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, desmintió que su país negocie bilateralmente acuerdos con el bloque europeo, en tanto que para los gobernantes bolivianos no es admisible que las relaciones comerciales se basen en concesiones unilaterales que sólo incrementan los grados de dependencia y limitan el desarrollo integral de nuestros países.
¿A QUIEN CONVENCER?
Según ANF, el dirigente empresarial Antelo, afirmó que "si la administración Morales, efectivamente, está tan seguro (de lo que hace) entonces debería convencer a esos (países como Perú y Colombia) para cambiar su posición". Al respecto, en reiteradas ocasiones el presidente Evo Morales propuso que se organice un referéndum regional en todos esos países para que sean sus respectivas poblaciones las que se pronuncien sobre los Tratados de Libre Comercio, propuesta que hasta ahora no ha sido respondida por los respectivos gobiernos. Alan García, presidente del Perú, tiene un rechazo en su propio país de más del 80%, según las últimas encuestas, en tanto que la crisis de las pirámides financieras toleradas por el gobierno de Colombia, amenaza la popularidad de Uribe, firme aliado de Estados Unidos.
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