Ante ello, las instituciones y organizaciones productivas demandan un mayor control social y municipal en la fiscalización del ingreso, comercialización y uso de los plaguicidas.
Se trata de 23 tipos de plaguicidas catalogados como extremadamente y altamente tóxicos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el país, la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina en Bolivia (RAP-AL Bolivia) encabeza una campaña para la prohibición y restricción de estos compuestos químicos.
El uso más frecuente de los plaguicidas se da en la región de los valles mesotérmicos, los llanos tropicales, los valles y el altiplano; en el cultivo de la soya, arroz, hortalizas y otros.
Como medida contra el uso indiscriminado de los plaguicidas, las instituciones y organizaciones de productores agrícolas participantes del seminario internacional para la “Prohibición de Plaguicidas Extremada y Altamente Tóxicos para la Soberanía Alimentaria en Bolivia” desarrollado en La Paz el 28 y 29 de enero, demandaron la necesidad de un mayor control social y municipal para fiscalizar el ingreso, comercialización y uso de los compuestos químicos, en el marco de una mayor soberanía alimentaria del país.
El peligro de los plaguicidas altamente tóxicos radica en que puede afectar al sistema nervioso, ocasionar algunos tipos cáncer, malformaciones en los niños, problemas en el desarrollo sicomotriz, esterilidad, problemas genéticos, partos prematuros, abortos espontáneos e incluso la muerte.
REGLAMENTO INSUFICIENTE
Actualmente, existe un reglamento para el registro y control de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines de uso agrícola. Éste restringe, pero no prohíbe los plaguicidas, pues señala que “el registro está sujeto a un estudio riesgo/beneficio realizado por la empresas registrantes y sometida a la opinión del Consejo Nacional de Plaguicidas (Conapla) quien derivará su informe al Senasag, el que tomará la decisión de otorgación de registro; en caso favorable, únicamente será con uso restringido”.
Según la directora del Centro de Estudios e Investigaciones en Impactos Socioambientales en Bolivia (CEIISA), Tania Santibáñez, este reglamento tiene muchos vacíos técnicos por lo que se realiza su revisión.
“Es una normativa (la contenida en el reglamento) que no habla de prohibición, sólo habla de restricción bajo un costo y beneficio; entonces, está hecha de tal manera que ningún plaguicida puede ser prohibido”, destacó.
En el país, los plaguicidas están registrados en la Unidad de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Las alcaldías son las que controlan su comercialización a través de ordenanzas que, por lo común, prohiben el expendio de raticidas, herbicidas, insecticidas y otros.
Santibáñez afirmó que, luego del Seminario, existe el compromiso del Viceministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Viceministerio de Desarrollo Rural y de la Contraloría para tratar el tema en lo inmediato.
INGRESO POR CONTRABANDO
Un problema adicional es el ingreso de los plaguicidas al país: si bien algunos son introducidos legalmente, la mayoría entra de contrabando.
La gran demanda de los plaguicidas se explica por la extendida creencia de que si no se usan químicos no habrá una buena cosecha, según el director ejecutivo de la Fundación Plaguicidas Bolivia (Plagbol), Guido Condarco.
“El problema en Bolivia es que en la agricultura, sea pequeña, mediana o grande, se usan ingentes cantidades de esas sustancias tóxicas y lamentablemente la gran mayoría, que son los agricultores pequeños y medios, desconoce totalmente el manejo y la forma de prevenirse contra los efectos que pueden provocar estas sustancias”.
Según Condarco, las reparticiones estatales encargadas del control de plaguicidas no pueden hacer mucho debido a los pocos recursos económicos, humanos y técnicos.
EXPERIENCIAS LOCALES
La alternativa que en los hechos están proponiendo algunas alcaldías es el fomento y apoyo a la agricultura orgánica.
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