El anuncio del Gobierno de “sepultar” el Decreto 21060 este 1 de mayo despierta expectativas y a la vez excepticismo entre los economistas. La Central Obrera Boliviana (COB) exige la derogación del 21060 porque la política de la "libre oferta y demanda" es el instrumento legal empleado por los comerciantes para especular con los precios de los alimentos básicos de la canasta familiar.
La COB espera que una vez derogado, el Estado asuma la responsabilidad de fijar precio de los productos básicos para evitar la especulación.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas y director de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Simón, Luis Pablo Cuba Rojas, advierte que, en la medida que el Estado comience a intervenir en cualquier desfase del mercado puede, en vez de generar un ajuste real, comenzará a crear imperfecciones. Explica que los miles de oferentes y demandantes no siempre pueden ser controlados, por muy buena asignación que se haga para establecer de precios.
En ciertos momentos de coyuntura económica y política, el Gobierno intervino directamente en la distribución de azúcar a través de empresas que no tenían esa finalidad. Pero, por más decretos que el Gobierno pueda promulgar, es muy difícil intervenir directamente en los mercados.
Los economistas dicen que es buena la intervención regulatoria del Estado, cuando el mercado genera sus distorsiones, pero no directamente, “no es bueno”.
Hay experiencias del pasado en que la intervencion directa del Estado crea ineficiencia, mala asignación de recursos, mala adminstración, procesos inflacionarios y más desventajas que beneficios.
ALZA DE PRECIOS Según Cuba Rojas, el Decreto 21060 fue interesante porque marcó la cancha donde se desenvuelven los agentes económicos, con reglas de juego claras. Se planteó una economía institucional y, por ejemplo, los interesados en divisas ya no tenían que comprarlas en el mercado negro, si no acudían al bolsín.
Algunas medidas de una mayor intervención del Estado en la economía causan elevación de los precios. Ese el caso del Decreto 748 del 26 de diciembre de 2010, que quitó las subvenciones al diésel y la gasolina, aumentó los salarios en 20 por ciento y congeló tarifas de servicios de gas natural energía y agua potable. Aunque el decreto fue derogado 4 días después, implicó una subida de precios. “Ese error costó mucho al Gobierno”, afirma el vicepresidente del Colegio de Economistas. Por eso, sugiere que el Estado no intervenga directamente en la economía porque eso genera expectativas y los precios siempre tienden al alza.
Si el Estado quisiera intervenir en la economía, automáticamente generaría modificación de precios en los bienes de primera necesidad. El efecto inmediato es la pérdida del poder adquisitivo y, en lugar de generar un beneficio social, se puede generar contradicciones de clase y mayor conflicto social.
ALCALDÍAS Con la nueva Ley de Autonomías, que no se ha implementado en su totalidad, las gobernaciones y alcaldías tienen capacidad para generar nuevos impuestos e intervenir en la fijación de precios. Pero, si intervienen en el mercado local, pueden generar “desviación de comercio”, hacer más ineficiente la asignacion de los recursos y ocasionar el incremento de los precios. Ante esto, Cuba aconseja que las alcaldías y gobernaciones puedan regular y acompañar el proceso de la libre oferta y demanda.
“Sus desafíos son pensar en desarrollo productivo, generar empleo, inversión pública y hacer más eficiente la gestión cumpliendo metas”, dice el economista. Advierte que actualmente, las instituciones no están cumpliendo sus metas, reto que es más importante que la fijación de precios.
MIXTA El viejo socialismo ha desaparecido porque ha mostrado sus errores. El nuevo modelo de economía mixta es el de mayor éxito en Brasil, India y China. Esos países han logrado institucionalidad, atracción de inversiones y mucho empleo. Eso demuestra la factibilidad de un modelo de política económica mixta, que permita el desarrollo de las instituciones y de un Estado regulador capaz de generar acuerdos con multinacionales para desarrollar industrias. Hoy las multinacionales tienden a actuar con mayor responsabilidad en la inversión, lo que permite que los países puedan crecer.
Datos. Situación en 1985
Con la célebre frase "Bolivia se nos muere", el 29 de agosto de 1985, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro aprobó el Decreto 21060 de políticas de reforma estructural de la economía de Bolivia.
Metas
La política buscaba frenar la inflación que llegó a 25.000 por ciento . También pretendía, entre otros, capitalizar al Estado y revertir el déficit económico. El Estado tenía una gran masa laboral y baja productividad. Paz Estenssoro dijo que la política sólo podía ser aplicada en un plazo máximo de 20 años. Sus asesores, entre ellos economistas de EEUU, del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, coincidieron en marcar el periodo.
Logros
El mayor logro fue alcanzar la estabilidad económica. Pero no se llegó a la meta de construir un Estado moderno, con una industria privada importante. La 2ª generación de reformas data de 1993.
Cómo reactivar la economía
Bolivia necesita entre diez y doce mil millones de dólares en los próximos 5 años para reactivar al aparato productivo. Con los dos mil millones de dólares que el Gobierno pretende tomar de las reservas internacionales “no va a poder hacer mucho, además que pone en riesgo al país, pues se debilita con respecto al exterior”, observa el vicepresidente del Colegio de Economistas, Luis Pablo Cuba Rojas.
En 1985, en la crisis de la Unidad Democrática Popular (UDP), Bolivia casi tenía cero de reservas internacionales. “Hay que proteger las reservas internacionales, generar más recursos y divisas que son el sustento para negociar en cualquier mercado financiero”, aconseja Cuba.
El 21060 empieza a perder vigencia con el nuevo modelo económico y político y la nueva Constitución, pero también genera la inseguridad juridica y la falta de inversiones. Se necesita una nueva Ley de Inversiones que pueda priorizar sectores de economía y ofrecer en la bolsa de valores, de lo contrario no se conseguirá inversión privada, dice Cuba. Aún se desconoce el modelo económico que sustituya al neoliberalismo vigente desde 1985. ¿Qué pasará después de la derogación de algunos artículos del Decreto 21060 o de su abrogación? Se tendría que impulsar un debate nacional con la participación de todos los sectores. Sin embargo, hasta ahora, se desconocen los proyectos de ley que llenarán ese vacío legal.
Otra posibilidad sería que el Gobierno reemplace al 21060 por otra medida más radical, con decretos que en este caso cumplirían la misma función que los decretos ley de las dictaduras militares, con la imposición de normas sin debate, ni análisis, ni participación de ningún sector. Sólo estaría basado en la visión de un proyecto político presidencialista de un sector en funcion de gobierno. Ese decreto puede mantenerse en forma indefinida y “el remedio puede ser peor que la enfermedad”, advierte el docente del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE), Fernando Salazar Ortuño.
El pasado año, con el Decreto 28699 se derogó el artículo 55 de la libre contratación, uno de los pilares del 21060. Esa disposición permitió en 1985 el despido de 22 mil mineros y más de 80 mil servidores públicos.
Si bien hoy se respeta la estabilidad laboral y prohíbe el despido de madres y padres gestantes, en concordancia con la Constitución Política del Estado, todavía los derechos laborales son pisoteados.
Las resoluciones judiciales a favor de los trabajadores no son cumplidas y los obreros tienen que renunciar a sus derechos porque nadie los hace respetar. Por ejemplo, los trabajadores de Semapa nunca fueron recontratados, aunque el Ministerio de Aguas y la justicia ordinaria ordenaron su recontratación. Miles de trabajadores, incluídos los servidores públicos, no logran estabilidad. “Lo que interesa es tener controlado todo, incluso a la militancia”, dice Salazar. El 21060, a pesar del Decreto 28699, aún permite el manejo discrecional de la contratación de trabajadores.
El Gobierno juega a dos lados: por una parte afirma que abrogar el 21060 es un proceso, pero el sentido práctico no le permite negociar. “Es un Gobierno poco democratico y poco favorable al trabajador que es el más vulnerable”, señala Salazar. Observa como un avance la rearticulación de los sindicatos en nuevas formas. El cooperativismo en la minería es el sector más liberal, pero apoya al Movimiento Al Socialismo (MAS), igual que el sindicato de Comibol.
En las empresas capitalizadas, los sindicatos se reconstruyen desde la clandestinidad y asumen medidas sindicales salarialistas y de reivindicación progresiva para atacar a leyes frenadas por el 21060.
Con la libre oferta y demanda, el sector asalariado es el más perjudicado porque su sueldo no le alcanza. En cambio, los cocaleros se benefician. Tras el gasolinazo, la coca subió de Bs 1.800 a Bs 3.000. Ahora bajó, pero no volvió al precio de diciembre de 2010.
Opiniones.
Giovanna Maldonado, Asesora de fabriles
Esperamos que el 1 de mayo salga una disposición de Gobierno que regule los precios de los productos básicos de la canasta familiar.
Abrogar el Decreto 21060 será difícil, ya que es un modelo económico, pero se tienen que derogar los artículos 72 y 74 que inciden en el alto costo de la canasta familiar. Ahora tiene que haber un solo precio de los alimentos en los mercados.
Luis Villarroel, Dirigente fabril
Estamos esperanzados en que el Decreto 21060 sea abrogado el 1 de mayo, tal como se acordó con la Central Obrera Boliviana y prometió el Gobierno el 2006. Habrá que ver qué de cierto hay. Sabemos que a veces prometen y no cumplen. Si se lograría esto, tal vez festejaríamos, porque hemos vivido más de 25 años de maltrato laboral y despidos.
Mario Unzueta, Presidente Fejuve
El Decreto 21060 debe abrogarse y devolver la competencia a las alcaldías para fijar precios de los artículos de primer necesidad. El 21060 permite que cualquier comerciante venda en el precio que crea conveniente y las consecuencias las sufre la ciudadanía. Las organizaciones tienen que organizar sus propios instrumentos para abastecerse.
Mario Fernández, Sindicato Canillitas
Abrogar el 21060 es una buena propuesta, pero tienen que haber medidas alternativas, porque estamos viviendo la oferta y la demanda desde 1985. Si no hay medidas colaterales para sustituir ese modelo, van a haber serios problemas. A los trabajadores independientes nos afectaría seriamente porque estamos acostumbrados al libre mercado.
Enlace : http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0428/noticias.php?id=907
La COB espera que una vez derogado, el Estado asuma la responsabilidad de fijar precio de los productos básicos para evitar la especulación.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas y director de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Simón, Luis Pablo Cuba Rojas, advierte que, en la medida que el Estado comience a intervenir en cualquier desfase del mercado puede, en vez de generar un ajuste real, comenzará a crear imperfecciones. Explica que los miles de oferentes y demandantes no siempre pueden ser controlados, por muy buena asignación que se haga para establecer de precios.
En ciertos momentos de coyuntura económica y política, el Gobierno intervino directamente en la distribución de azúcar a través de empresas que no tenían esa finalidad. Pero, por más decretos que el Gobierno pueda promulgar, es muy difícil intervenir directamente en los mercados.
Los economistas dicen que es buena la intervención regulatoria del Estado, cuando el mercado genera sus distorsiones, pero no directamente, “no es bueno”.
Hay experiencias del pasado en que la intervencion directa del Estado crea ineficiencia, mala asignación de recursos, mala adminstración, procesos inflacionarios y más desventajas que beneficios.
ALZA DE PRECIOS Según Cuba Rojas, el Decreto 21060 fue interesante porque marcó la cancha donde se desenvuelven los agentes económicos, con reglas de juego claras. Se planteó una economía institucional y, por ejemplo, los interesados en divisas ya no tenían que comprarlas en el mercado negro, si no acudían al bolsín.
Algunas medidas de una mayor intervención del Estado en la economía causan elevación de los precios. Ese el caso del Decreto 748 del 26 de diciembre de 2010, que quitó las subvenciones al diésel y la gasolina, aumentó los salarios en 20 por ciento y congeló tarifas de servicios de gas natural energía y agua potable. Aunque el decreto fue derogado 4 días después, implicó una subida de precios. “Ese error costó mucho al Gobierno”, afirma el vicepresidente del Colegio de Economistas. Por eso, sugiere que el Estado no intervenga directamente en la economía porque eso genera expectativas y los precios siempre tienden al alza.
Si el Estado quisiera intervenir en la economía, automáticamente generaría modificación de precios en los bienes de primera necesidad. El efecto inmediato es la pérdida del poder adquisitivo y, en lugar de generar un beneficio social, se puede generar contradicciones de clase y mayor conflicto social.
ALCALDÍAS Con la nueva Ley de Autonomías, que no se ha implementado en su totalidad, las gobernaciones y alcaldías tienen capacidad para generar nuevos impuestos e intervenir en la fijación de precios. Pero, si intervienen en el mercado local, pueden generar “desviación de comercio”, hacer más ineficiente la asignacion de los recursos y ocasionar el incremento de los precios. Ante esto, Cuba aconseja que las alcaldías y gobernaciones puedan regular y acompañar el proceso de la libre oferta y demanda.
“Sus desafíos son pensar en desarrollo productivo, generar empleo, inversión pública y hacer más eficiente la gestión cumpliendo metas”, dice el economista. Advierte que actualmente, las instituciones no están cumpliendo sus metas, reto que es más importante que la fijación de precios.
MIXTA El viejo socialismo ha desaparecido porque ha mostrado sus errores. El nuevo modelo de economía mixta es el de mayor éxito en Brasil, India y China. Esos países han logrado institucionalidad, atracción de inversiones y mucho empleo. Eso demuestra la factibilidad de un modelo de política económica mixta, que permita el desarrollo de las instituciones y de un Estado regulador capaz de generar acuerdos con multinacionales para desarrollar industrias. Hoy las multinacionales tienden a actuar con mayor responsabilidad en la inversión, lo que permite que los países puedan crecer.
Datos. Situación en 1985
Con la célebre frase "Bolivia se nos muere", el 29 de agosto de 1985, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro aprobó el Decreto 21060 de políticas de reforma estructural de la economía de Bolivia.
Metas
La política buscaba frenar la inflación que llegó a 25.000 por ciento . También pretendía, entre otros, capitalizar al Estado y revertir el déficit económico. El Estado tenía una gran masa laboral y baja productividad. Paz Estenssoro dijo que la política sólo podía ser aplicada en un plazo máximo de 20 años. Sus asesores, entre ellos economistas de EEUU, del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, coincidieron en marcar el periodo.
Logros
El mayor logro fue alcanzar la estabilidad económica. Pero no se llegó a la meta de construir un Estado moderno, con una industria privada importante. La 2ª generación de reformas data de 1993.
Cómo reactivar la economía
Bolivia necesita entre diez y doce mil millones de dólares en los próximos 5 años para reactivar al aparato productivo. Con los dos mil millones de dólares que el Gobierno pretende tomar de las reservas internacionales “no va a poder hacer mucho, además que pone en riesgo al país, pues se debilita con respecto al exterior”, observa el vicepresidente del Colegio de Economistas, Luis Pablo Cuba Rojas.
En 1985, en la crisis de la Unidad Democrática Popular (UDP), Bolivia casi tenía cero de reservas internacionales. “Hay que proteger las reservas internacionales, generar más recursos y divisas que son el sustento para negociar en cualquier mercado financiero”, aconseja Cuba.
El 21060 empieza a perder vigencia con el nuevo modelo económico y político y la nueva Constitución, pero también genera la inseguridad juridica y la falta de inversiones. Se necesita una nueva Ley de Inversiones que pueda priorizar sectores de economía y ofrecer en la bolsa de valores, de lo contrario no se conseguirá inversión privada, dice Cuba. Aún se desconoce el modelo económico que sustituya al neoliberalismo vigente desde 1985. ¿Qué pasará después de la derogación de algunos artículos del Decreto 21060 o de su abrogación? Se tendría que impulsar un debate nacional con la participación de todos los sectores. Sin embargo, hasta ahora, se desconocen los proyectos de ley que llenarán ese vacío legal.
Otra posibilidad sería que el Gobierno reemplace al 21060 por otra medida más radical, con decretos que en este caso cumplirían la misma función que los decretos ley de las dictaduras militares, con la imposición de normas sin debate, ni análisis, ni participación de ningún sector. Sólo estaría basado en la visión de un proyecto político presidencialista de un sector en funcion de gobierno. Ese decreto puede mantenerse en forma indefinida y “el remedio puede ser peor que la enfermedad”, advierte el docente del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE), Fernando Salazar Ortuño.
El pasado año, con el Decreto 28699 se derogó el artículo 55 de la libre contratación, uno de los pilares del 21060. Esa disposición permitió en 1985 el despido de 22 mil mineros y más de 80 mil servidores públicos.
Si bien hoy se respeta la estabilidad laboral y prohíbe el despido de madres y padres gestantes, en concordancia con la Constitución Política del Estado, todavía los derechos laborales son pisoteados.
Las resoluciones judiciales a favor de los trabajadores no son cumplidas y los obreros tienen que renunciar a sus derechos porque nadie los hace respetar. Por ejemplo, los trabajadores de Semapa nunca fueron recontratados, aunque el Ministerio de Aguas y la justicia ordinaria ordenaron su recontratación. Miles de trabajadores, incluídos los servidores públicos, no logran estabilidad. “Lo que interesa es tener controlado todo, incluso a la militancia”, dice Salazar. El 21060, a pesar del Decreto 28699, aún permite el manejo discrecional de la contratación de trabajadores.
El Gobierno juega a dos lados: por una parte afirma que abrogar el 21060 es un proceso, pero el sentido práctico no le permite negociar. “Es un Gobierno poco democratico y poco favorable al trabajador que es el más vulnerable”, señala Salazar. Observa como un avance la rearticulación de los sindicatos en nuevas formas. El cooperativismo en la minería es el sector más liberal, pero apoya al Movimiento Al Socialismo (MAS), igual que el sindicato de Comibol.
En las empresas capitalizadas, los sindicatos se reconstruyen desde la clandestinidad y asumen medidas sindicales salarialistas y de reivindicación progresiva para atacar a leyes frenadas por el 21060.
Con la libre oferta y demanda, el sector asalariado es el más perjudicado porque su sueldo no le alcanza. En cambio, los cocaleros se benefician. Tras el gasolinazo, la coca subió de Bs 1.800 a Bs 3.000. Ahora bajó, pero no volvió al precio de diciembre de 2010.
Opiniones.
Giovanna Maldonado, Asesora de fabriles
Esperamos que el 1 de mayo salga una disposición de Gobierno que regule los precios de los productos básicos de la canasta familiar.
Abrogar el Decreto 21060 será difícil, ya que es un modelo económico, pero se tienen que derogar los artículos 72 y 74 que inciden en el alto costo de la canasta familiar. Ahora tiene que haber un solo precio de los alimentos en los mercados.
Luis Villarroel, Dirigente fabril
Estamos esperanzados en que el Decreto 21060 sea abrogado el 1 de mayo, tal como se acordó con la Central Obrera Boliviana y prometió el Gobierno el 2006. Habrá que ver qué de cierto hay. Sabemos que a veces prometen y no cumplen. Si se lograría esto, tal vez festejaríamos, porque hemos vivido más de 25 años de maltrato laboral y despidos.
Mario Unzueta, Presidente Fejuve
El Decreto 21060 debe abrogarse y devolver la competencia a las alcaldías para fijar precios de los artículos de primer necesidad. El 21060 permite que cualquier comerciante venda en el precio que crea conveniente y las consecuencias las sufre la ciudadanía. Las organizaciones tienen que organizar sus propios instrumentos para abastecerse.
Mario Fernández, Sindicato Canillitas
Abrogar el 21060 es una buena propuesta, pero tienen que haber medidas alternativas, porque estamos viviendo la oferta y la demanda desde 1985. Si no hay medidas colaterales para sustituir ese modelo, van a haber serios problemas. A los trabajadores independientes nos afectaría seriamente porque estamos acostumbrados al libre mercado.
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